El sistema de bicicleta pública de Barcelona es el de mayor dimensión e intensidad de uso.
La implantación de sistemas de bicicleta pública en España entra en una fase de mayor madurez, en la que el crecimiento deja de medirse solo en número de estaciones o bicicletas. La Guía de buenas prácticas para la implantación de sistemas de bicicleta pública, elaborada por Impulso by Pons en colaboración con Nextbike, plantea un cambio de enfoque: concebir estos servicios como una infraestructura pública esencial dentro de la movilidad urbana.
El documento, estructurado en diez bloques temáticos, aborda aspectos clave como la planificación estratégica, la sostenibilidad económica, los modelos de gestión, la selección tecnológica, la gobernanza, la seguridad y la integración modal. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones por parte de administraciones y operadores, apoyándose en la experiencia acumulada y en el análisis de casos reales en ciudades españolas.
Uno de los criterios centrales para dimensionar un sistema de bicicleta pública es el ratio de bicicletas por cada 1.000 habitantes. La guía establece una horquilla de referencia de entre una y cinco bicicletas, en función del tamaño de la ciudad, la densidad urbana y el grado de madurez ciclista. Este indicador, combinado con estimaciones de demanda basadas en datos demográficos, territoriales y de uso, permite definir con mayor precisión la flota necesaria, la localización de estaciones y las fases de despliegue.
Los ejemplos recogidos muestran una aplicación diversa de este criterio. Palma de Mallorca, con 431.521 habitantes, opera con un ratio de 2,2 bicicletas por cada mil habitantes, lo que supone alrededor de 930 bicicletas. Madrid mantiene el mismo ratio, pero lo adapta a su escala metropolitana con una flota próxima a las 7.500 unidades para más de 3,4 millones de personas.
En otras ciudades, el dimensionamiento es más intensivo. Valladolid alcanza las tres bicicletas por cada mil habitantes, con unas 900 bicicletas, mientras que Donostia se sitúa en 2,9, con una flota cercana a las 550 unidades. En el caso de León, con 122.243 habitantes, el ratio asciende a 3,3 bicicletas por mil habitantes, lo que refuerza la visibilidad y la utilidad del sistema como alternativa real al vehículo privado en entornos urbanos medianos.
Barcelona representa el grado más alto de implantación del sistema de bicicleta pública en España. Con una población de aproximadamente 1,7 millones de habitantes, la ciudad alcanza un ratio de 4,7 bicicletas por cada mil habitantes, lo que sitúa su flota en torno a las 8.000 unidades y establece el techo actual del modelo nacional.
El sistema cuenta con 557 estaciones operativas y más de 166.000 usuarios activos, con cerca de 100 millones de viajes acumulados desde 2019 y un objetivo anual de 20 millones de desplazamientos. Uno de los rasgos más relevantes es el peso de la bicicleta eléctrica, que ya representa el 80 por ciento de los viajes, con distancias medias superiores a las de las bicicletas mecánicas. Esta electrificación ha permitido ampliar el radio de acción del servicio y garantizar su uso en barrios con mayor pendiente.
La guía subraya que estos datos deben interpretarse dentro de una estrategia más amplia. El éxito del sistema depende de su integración con el transporte público, de una alta densidad de estaciones y de la continuidad del servicio en el conjunto de la red urbana. Además, recomienda abordar el crecimiento por fases, utilizando estimaciones ajustadas que permitan corregir desequilibrios y optimizar recursos, evitando tanto sobredimensionamientos iniciales como déficits de oferta.

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