La bicicleta compartida reclama su lugar en el Fondo Social para el Clima

La recta final de la elaboración del Plan Nacional para el Fondo Social para el Clima (FSC) ha encendido las alertas entre los principales actores de la bicicleta compartida en España. Un total de 14 entidades, que representan prácticamente la totalidad del sector, han unido fuerzas para firmar por primera vez un manifiesto conjunto. El objetivo es claro: pedir al Gobierno que integre la bicicleta pública como una herramienta clave para garantizar el acceso equitativo a la movilidad sostenible.

El manifiesto destaca que la bicicleta compartida no solo reduce las emisiones y mejora la calidad del aire, sino que también combate la pobreza de transporte. Más del 20% de la población española carece actualmente de acceso adecuado al transporte público, una cifra especialmente preocupante en municipios medianos, zonas rurales o áreas urbanas periféricas.

España tiene tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que Francia. Esta situación refleja una carencia estructural en la oferta de movilidad sostenible, especialmente si se compara con el entorno europeo.

El Fondo Social para el Clima, dotado con más de 87.000 millones de euros para el periodo 2026-2032, tiene como finalidad mitigar los costes de la transición ecológica. Se estima que España podría recibir hasta 9.200 millones de euros, lo que representa una oportunidad única para transformar la movilidad urbana.

El sector propone medidas concretas como la financiación de infraestructuras, la implementación de tarifas sociales, la electrificación de flotas, la expansión a municipios pequeños y programas piloto adaptados a zonas de baja demanda. Según el manifiesto, de incluirse en el FSC, este impulso permitiría alcanzar las 100.000 bicicletas compartidas en 2030, reducir en 200.000 toneladas las emisiones anuales de CO₂, disminuir el uso del coche privado en un 10% y generar más de 5.000 empleos vinculados a la movilidad sostenible.

La intermodalidad es otro de los pilares fundamentales. Se proponen estaciones de bicicleta compartida ubicadas en intercambiadores clave y la integración tarifaria con otros sistemas de transporte. Asimismo, se reclama la creación de un bono social aplicable a la bicicleta compartida y tarifas especiales para colectivos vulnerables como estudiantes, desempleados o personas con bajos ingresos.

El manifiesto recoge también la necesidad de redefinir el concepto de pobreza de transporte, más allá de los ingresos, incluyendo factores como el tiempo de desplazamiento, la conectividad y el coste total de movilidad.

Casos como el de BiciMAD, que superó los 9,8 millones de viajes en 2024 con 7.735 bicicletas y 630 estaciones, son ejemplos del potencial real de este modelo. El sector espera que el Gobierno recoja estas propuestas antes del envío definitivo del plan a Bruselas, previsto antes de que finalice 2025. Si se integra, la bicicleta compartida podría convertirse en uno de los motores transformadores del nuevo modelo de movilidad urbana en España.