Con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, las compañías españolas deberán implementar planes de transporte que fomenten el uso de bicicletas, e-bikes y transporte compartido, al tiempo que se promueve la reducción de vuelos domésticos y la electrificación del transporte.
La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada recientemente en el Congreso, supone un cambio de paradigma muy importante en la promoción del transporte limpio y eficiente en España. Habrá que ver, por supuesto, cómo afecta su aplicación.
La normativa introduce planes obligatorios de movilidad sostenible en empresas y entidades públicas con plantillas superiores a 200 empleados, orientados a fomentar el transporte activo como la bicicleta, el transporte público y el uso compartido de vehículos.
Además, establece incentivos para la electrificación de flotas y la instalación de infraestructuras de recarga para e-bikes y vehículos eléctricos, contribuyendo a la descarbonización de la movilidad laboral.
Las compañías tendrán dos años para definir sus planes de movilidad sostenible, que deberán incluir transporte colectivo, bicicletas, patinetes eléctricos, carpooling y teletrabajo.
Los planes deberán ser negociados con comités de empresa y comunicados al Ministerio de Transportes, quedando registrados en el Espacio de Datos Integrado de Movilidad.
Para grandes centros de actividad se contempla la figura de gestor de movilidad y medidas específicas de reducción de congestión en horas punta.
La normativa también prevé revisiones periódicas cada cinco años, garantizando la actualización continua de estas estrategias.
La ley incentiva el uso de bicicletas mediante carriles dedicados, aparcamientos y campañas de concienciación, mejorando la seguridad vial para ciclistas.
Se promueve la educación sobre movilidad y prevención de accidentes, así como la integración de medidas de movilidad sostenible en el diseño urbano.
El uso de patinetes eléctricos también recibe apoyo mediante infraestructura específica y normativa de circulación coherente, complementando la apuesta por la movilidad cero emisiones.
La normativa refuerza la financiación del transporte público y prioriza la electrificación de flotas, reduciendo el impacto ambiental de los desplazamientos.
Se estudia la eliminación de vuelos cortos cuando existan alternativas ferroviarias viables y se recuperan trenes nocturnos hacia Europa.
El establecimiento de zonas de bajas emisiones y la ampliación de la red de recarga eléctrica refuerzan la transición hacia ciudades más sostenibles y seguras para los ciclistas.
Las empresas se enfrentan a la necesidad de adaptar sus flotas a combustibles alternativos y vehículos eléctricos, aprovechando incentivos fiscales.
El desarrollo de planes de movilidad sostenible permite optimizar los desplazamientos laborales y reducir costes, mientras que los desafíos incluyen la adaptación de infraestructuras y la gestión de conflictos en zonas compartidas con peatones.
La ley también promueve la movilidad inclusiva, considerando tanto a trabajadores como a proveedores y visitantes, fomentando un ecosistema empresarial sostenible y eficiente.
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