EDITORIAL

Tras más de tres años de tramitación, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible debería marcar un antes y un después. La nueva norma sitúa la sostenibilidad en un lugar menos marginal, y tendría que impulsar el uso de la bicicleta como nunca. Es algo que da esperanza y que, sin duda, aportará una transformación sustancial: menos emisiones, más eficiencia y una convivencia equilibrada entre todos los medios de transporte. Pero su éxito dependerá, como casi siempre, de cómo se aplique.

La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, introduce obligaciones claras para las empresas de más de 200 empleados: elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo en un plazo máximo de dos años. Estos planes deberán incluir un diagnóstico de los desplazamientos laborales, medidas para reducir emisiones y fomentar alternativas como el teletrabajo, la bicicleta o el transporte público. Queda por ver cómo se contemplarán los incentivos económicos, y las cantidades que se aplicarán. Pero, por ejemplo, ¿si una empresa ha hecho que sus trabajadores vayan con coches eléctricos, no hará falta pensar en ninguna bici? Las casuísticas dan vértigo.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de un plan para renovar el parque automovilístico para rejuvenecer los vehículos a motor y retirar los más contaminantes. Es una especie de ‘Plan Renove’ que no sustituirá al Moves, sino que quiere complementarlo. Bueno, a quien le interese que se lo mire. No quiero poner el foco en los coches más de lo que ya tienen.

Además, seis de cada diez españoles afirman que su empresa no cuenta con un plan vigente de movilidad sostenible para adaptarse a la Ley de Movilidad Sostenible, de acuerdo con un estudio creado por una compañía del Grupo BMW.

Existe un riesgo latente: que la movilidad sostenible acabe interpretándose únicamente como un asunto de electrificación. O peor aún: como una oportunidad para que las empresas cambien sus coches aprovechando incentivos. La combinación de nuevas ayudas al coche y el protagonismo del Plan Renove puede eclipsar la dimensión activa y humana de la movilidad. El peligro es que el discurso se desplace hacia la sustitución de un coche viejo por uno nuevo —más caro, más ‘limpio’— sin cuestionar el modelo que nos ha llevado hasta aquí. Si la aplicación de la ley se centra solo en los automóviles eléctricos y deja en segundo plano a las bicicletas, estaremos perdiendo esta oportunidad única de definir de forma diferente la estructura y la cultura del desplazamiento.

La bicicleta no puede quedar relegada a solo ser mencionada en la ley. Es la herramienta más sencilla, accesible y universal para reducir emisiones, mejorar la salud y descongestionar el espacio urbano. Además, obviamente, es una oportunidad económica para la industria ciclista, el comercio local y los servicios asociados.

El nuevo marco normativo prioriza infraestructuras seguras, aparcamientos, conectividad interurbana y educación vial. Bien, sobre el papel está genial. Pero corremos el riesgo de que la movilidad sostenible se convierta en un proceso tecnocrático o, en otros casos, de greenwashing. Que todas las empresas de más de 200 empleados digan que están aplicando planes de movilidad y se hagan fotos con la misma bici.

El verdadero cambio no pasa por sustituir motores, sino mentalidades. Tenemos que estar preparados para que no quede en papel mojado y para evitar aquello de… ‘hecha la ley, hecha la trampa’.